Sin que se cumpla con el debido proceso de la ley como establece la Constitución del país de Estados Unidos, el presidente Donald Trump defendió este domingo las criticadas políticas que ha puesto en marcha en su segundo mandato en la Casa Blanca, entre ellas la relativa a deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal.

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En medio de una entrevista con medios occidentales, el mandatario estadounidense restó importancia al debido proceso legal establecido en la Constitución de Estados Unidos sobre las deportaciones masivas rápidas, generando preocupación y críticas desde una perspectiva que prioriza las garantías constitucionales para todas las personas.

Al ser confrontado con la afirmación de su propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien previamente había declarado en el mismo programa que toda persona en Estados Unidos tiene derecho al debido proceso, Trump respondió con una aparente incertidumbre: «No lo sé. No soy abogado. No lo sé».

Cuando la entrevistadora Kristen Welker le preguntó si, como presidente, debía respetar la Constitución de EE.UU., el mandatario volvió a responder «No lo sé», refiriendo la cuestión a sus abogados y al Departamento de Justicia.

Estas respuestas han sido interpretadas por críticos como una falta de comprensión o una voluntad de restar importancia a un pilar del sistema legal estadounidense.

El argumento principal de Trump para justificar la necesidad de acelerar las deportaciones y, al parecer, evitar ciertos aspectos del debido proceso, es que adherirse a él requeriría una cantidad inmanejable de procedimientos.

Trump afirmó que implicaría tener «un millón, dos millones o tres millones de juicios», lo que retrasaría la expulsión de «miles de personas, (presuntamente) algunos asesinos, otros traficantes de drogas y algunas de las peores personas del mundo».

Insistió en que «fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo», proyectando la imagen de que las cortes son un obstáculo para la seguridad nacional al exigir procesos legales.

Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos, en su Quinta Enmienda, establece claramente que «ninguna persona» será privada de libertad sin el debido proceso legal.

La Corte Suprema del país ha reconocido desde hace mucho tiempo que quienes no son ciudadanos también gozan de ciertos derechos básicos bajo esta garantía.

Así, por ejemplo la propia Corte Suprema ya ha tenido que intervenir en tres ocasiones recientes para dejarle claro a la istración Trump que debe permitir los derechos básicos del debido proceso para los inmigrantes, basándose en un entendimiento legal de larga data.

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